La responsabilidad patrimonial del Estado: un derecho que protege a los ciudadanos Poblanos.

El 23 de julio de 2025, se discute en Puebla un tema crucial para la ciudadanía: la responsabilidad patrimonial del Estado. Aunque muchas personas desconocen cómo funciona este derecho, es fundamental para exigir una indemnización justa y proporcional cuando una autoridad pública causa daños por actos administrativos irregulares.

Este debate cobra relevancia luego de una resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga al Estado de Puebla a modificar su Ley de Responsabilidad Patrimonial. El fallo declara inválidas las disposiciones que imponían límites máximos a las indemnizaciones por daños causados por autoridades públicas, fortaleciendo así los derechos de los ciudadanos.

¿Qué implica esta resolución?

En términos sencillos, la Suprema Corte determinó que ningún gobierno estatal puede establecer un tope arbitrario a las indemnizaciones. Las reparaciones deben ser justas, integrales y proporcionales al daño causado. Esto significa que, si una persona sufre perjuicios debido a una actuación irregular del Estado (como una negligencia médica en un hospital público, un despojo de propiedad injustificado o un abuso de autoridad), tiene derecho a una indemnización completa, sin restricciones económicas impuestas por la ley.

¿Qué es la actividad administrativa irregular?

La actividad administrativa irregular se refiere a decisiones u omisiones del Estado que carecen de fundamento legal y que causan daño a personas, bienes o derechos que no estaban obligados a soportar. Ejemplos incluyen:

• Accidentes por mal estado de la infraestructura pública.

• Errores en cobros de impuestos o negativa de permisos sin justificación legal.

• Uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad.

• Negligencias médicas en instituciones de salud públicas.

En todos estos casos, los ciudadanos pueden solicitar una reparación del daño a través del procedimiento que establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial.

¿Por qué es relevante esta ley?

Esta normativa no solo protege los derechos individuales, también impulsa que el Estado actúe con mayor responsabilidad. El hecho de que ya no existan límites a las indemnizaciones crea un incentivo institucional para mejorar los servicios públicos y evitar violaciones a derechos fundamentales.

El reciente fallo de la Suprema Corte representa un avance en la garantía del derecho a la reparación del daño. Además, reafirma que las personas afectadas por el actuar del Estado deben recibir compensaciones adecuadas, no meramente simbólicas.

La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Puebla se fortalece con esta reforma obligada por la Corte, convirtiéndose en un instrumento más eficaz para proteger a los ciudadanos. A partir de ahora, toda persona afectada por un acto administrativo irregular puede exigir una indemnización sin límites arbitrarios, lo que marca un hito en la justicia administrativa y el respeto a los derechos humanos en el ámbito local.