Puebla endurece reglas para motociclistas: ¿medida necesaria o exceso de control?

Durante julio de 2025, Puebla vive una transformación en su política de seguridad vial. En los últimos días, ha llamado la atención el aumento de operativos dirigidos a motociclistas, acompañados por una propuesta de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, presentada el 22 de julio ante el Congreso local.

Este endurecimiento normativo no es casual. Responde a un contexto urgente: el aumento del uso de motocicletas en hechos delictivos y accidentes viales, muchos de ellos protagonizados por conductores sin casco, sin documentación o incluso menores de edad. El llamado Operativo Centinela, impulsado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ha desplegado con apoyo de la Policía Estatal, grupos especiales y binomios caninos en zonas como el bulevar 5 de Mayo, Los Fuertes y el Circuito Juan Pablo II. Cientos de vehículos han sido enviados al corralón por faltas diversas.

¿Qué propone la nueva reforma a la Ley de Movilidad?

Impulsada por la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, la iniciativa busca establecer un mayor control sobre motocicletas, bicicletas eléctricas y monopatines motorizados. Entre las medidas clave destacan:

• Uso obligatorio de casco y chaleco reflejante con el número de placa visible al frente y atrás, tanto para el conductor como para el pasajero.

• Restricción del número de pasajeros según lo indicado en la tarjeta de circulación.

• Prohibición de circular por vías primarias para monopatines y bicicletas eléctricas que superen los 25 km/h, salvo que haya infraestructura adecuada.

El documento legislativo contempla un periodo de transición de 180 días hábiles para que los usuarios se adecuen.

Seguridad vial vs. impacto social

Aunque la medida busca reducir delitos y proteger a los usuarios, también ha generado inquietud entre quienes dependen de la motocicleta como herramienta de trabajo, como repartidores, comerciantes ambulantes y trabajadores de plataformas digitales. La obligatoriedad del chaleco con número de placa, por ejemplo, podría representar un gasto difícil de asumir para muchos. Además, se teme que los operativos se conviertan en prácticas coercitivas o de extorsión.

Desde el punto de vista legal, la reforma pretende establecer un equilibrio entre seguridad ciudadana y control vehicular, pero su éxito dependerá de cómo se implemente. La medida ideal incluiría no solo restricciones, sino campañas informativas, subsidios para equipamiento obligatorio y garantías de trato justo durante los operativos.

El debate se centra en encontrar un punto medio entre seguridad y libertad de movilidad. Regular no es castigar, pero sí exige una gestión eficiente, humana y sensible a la realidad económica de miles de personas. La efectividad de estas normas dependerá, en gran parte, del diálogo con la ciudadanía, la infraestructura urbana disponible y el enfoque de las autoridades al aplicar la ley.