Puebla da un paso histórico: aprueban protocolo que permite medidas de protección sin denuncia previa

El Municipio de Puebla marca un precedente nacional con la aprobación del nuevo "Protocolo para emitir medidas u órdenes de protección administrativas ante casos de violencia contra mujeres, adolescentes, niñas y niños", un instrumento legal que permite proteger a las víctimas sin necesidad de una denuncia previa.

Este avance legislativo busca garantizar la seguridad de los grupos más vulnerables ante situaciones de violencia familiar, de género y contra la infancia, a través de medidas de protección administrativas, inmediatas y accesibles.

¿Por qué es tan importante este protocolo?

En el estado de Puebla, la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes continúa siendo una problemática urgente. Hasta ahora, para acceder a medidas de protección, las víctimas debían presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, lo que implicaba superar barreras como el miedo, la revictimización y la desconfianza institucional.

Con este nuevo protocolo, aprobado mediante la Resolución 2025/75, Puebla se convierte en el primer municipio de México en permitir la activación de medidas de protección administrativas sin denuncia, brindando una respuesta más ágil y humana frente a la violencia.

¿Cómo funciona el nuevo protocolo?

El protocolo permite que cualquier persona pueda solicitar medidas de protección, ya sea la propia víctima o un tercero que tenga conocimiento del caso. La activación se puede dar por:

• Denuncia directa de la víctima.

• Reporte de un tercero, como vecinos, docentes, personal de salud, familiares o cualquier ciudadano.

• Intervención de autoridades, especialmente fuerzas de seguridad que detecten una situación de riesgo.

Esta posibilidad de intervención inmediata sin denuncia es clave para prevenir agresiones más graves y proteger a quienes no pueden o no se atreven a denunciar por miedo o dependencia económica.

¿Qué medidas de protección contempla?

El protocolo establece medidas de protección que se aplican según el nivel de riesgo, entre las que destacan:

• Prohibición al agresor de acercarse o comunicarse con la víctima.

• Retiro del agresor del domicilio.

• Refugio temporal para la víctima.

• Acompañamiento psicológico y asesoría legal.

• Supervisión policial para garantizar el cumplimiento de las medidas.

• Atención médica urgente si la víctima lo requiere.

Estas acciones buscan romper el ciclo de violencia, evitar su escalamiento y garantizar un entorno seguro e integral para la víctima.

¿Qué beneficios trae su implementación?

El nuevo protocolo ofrece múltiples beneficios sociales y jurídicos:

1. Reacción inmediata ante situaciones de violencia, sin dilaciones por trámites burocráticos.

2. Mayor accesibilidad, ya que cualquier persona puede activarlo, no solo la víctima.

3. Prevención de delitos graves, mediante intervención oportuna.

4. Fortalecimiento de la confianza institucional, al mostrar una respuesta más humana y eficiente.

5. Protección integral, al incluir atención médica, psicológica y legal.

¿Qué retos enfrenta este nuevo sistema?

A pesar de sus beneficios, la implementación enfrenta desafíos que deben resolverse para garantizar su efectividad:

• Asignación de recursos suficientes: se necesita personal, infraestructura y presupuesto adecuado.

• Capacitación de autoridades municipales: para actuar con perspectiva de género y evitar la revictimización.

• Supervisión del uso correcto del protocolo: para evitar abusos ante la ausencia de denuncia formal.

• Coordinación interinstitucional: con refugios, organismos civiles y servicios de salud.

Un cambio de conciencia y corresponsabilidad social.

Este nuevo protocolo no solo modifica el procedimiento legal, también transforma la manera en que la sociedad debe reaccionar ante la violencia. Al facultar a cualquier ciudadano para solicitar medidas de protección, se fomenta una responsabilidad colectiva.

Ahora, nadie puede ser indiferente. Si una persona presencia o conoce una situación de violencia, tiene la herramienta legal para actuar sin poner en riesgo a la víctima. Es un paso que invita a toda la comunidad a formar parte activa en la prevención y erradicación de la violencia.

La aprobación de este protocolo representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género y familiar en México. Pero su eficacia dependerá de la forma en que se implemente y del compromiso de autoridades, instituciones y ciudadanía para hacerlo valer.

Este nuevo instrumento representa una oportunidad para salvar vidas, proteger a los más vulnerables y fortalecer el tejido social. Porque la violencia no es un problema individual, es un problema que nos concierne a todos. Y hoy, el Municipio de Puebla demuestra que la prevención también es justicia.

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