Cablebús en Puebla: movilidad urbana, derechos ciudadanos y protección patrimonial

La construcción del Cablebús en la ciudad de Puebla ha despertado un debate creciente entre ciudadanos, especialistas y autoridades. Este sistema de transporte por teleférico urbano, similar al que opera exitosamente en diversas alcaldías de la Ciudad de México, busca conectar zonas de difícil acceso con centros urbanos más desarrollados. Sin embargo, su ejecución también ha planteado cuestionamientos legítimos relacionados con el patrimonio histórico, la transparencia gubernamental y la participación ciudadana.

¿Qué es el Cablebús y cómo operaría en Puebla?

El proyecto consiste en un sistema de cabinas suspendidas mediante cable, diseñado para trasladar a los usuarios sobre las zonas urbanas de manera rápida, segura y sustentable. En Puebla, esta iniciativa es impulsada por el Gobierno del Estado con el respaldo técnico del Gobierno Federal, incluyendo asesoría de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Aunque todavía no se ha confirmado una ruta definitiva, se ha mencionado que el recorrido podría ir desde La Resurrección hasta Los Fuertes, atravesando puntos como la autopista México–Puebla y la zona de Angelópolis.

Preocupaciones por el patrimonio histórico

Una de las principales inquietudes surgió por la posible afectación al Centro Histórico de Puebla, considerado patrimonio mundial por la UNESCO. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó recientemente que el proyecto fue aprobado con la condición de no cruzar la zona de monumentos históricos, lo cual llevó a modificar su trazo. Esta decisión se alinea con el marco jurídico de protección al patrimonio cultural, que exige la preservación de áreas históricas frente a proyectos de infraestructura.

Principales beneficios del Cablebús en Puebla

1. Reducción de tiempos de traslado: Se estima que recorridos de hasta dos horas podrían disminuir a solo 20 minutos, lo que significa un ahorro considerable de tiempo y dinero para quienes habitan zonas periféricas.

2. Alternativa ecológica: El sistema representa una opción de transporte sustentable que puede ayudar a reducir la contaminación y el tráfico vehicular.

3. Inclusión social: Al conectar zonas históricamente marginadas con centros de desarrollo económico, el Cablebús promueve el acceso equitativo a servicios y oportunidades.

4. Potencial turístico: Con estaciones estratégicamente ubicadas y vistas panorámicas, el sistema podría convertirse en un nuevo atractivo para los visitantes.

Riesgos y aspectos críticos del proyecto

• Financiamiento: Aunque el gobierno ha asegurado que no se recurrirá a deuda pública, sí se contempla el uso de asociaciones público-privadas, por lo que será crucial garantizar la transparencia de los contratos y evitar compromisos financieros perjudiciales a largo plazo.

• Planeación urbana: Cualquier obra de esta magnitud debe estar respaldada por estudios técnicos de movilidad, impacto ambiental y urbano, además de incorporar una consulta ciudadana auténtica. No debe tratarse de una solución aislada, sino de una parte integral de un plan de transporte metropolitano.

• Viabilidad social: Una de las preguntas más importantes es si se ha consultado a las comunidades involucradas. La legitimidad del proyecto depende de la participación activa de vecinos, comerciantes y expertos en urbanismo.

• Riesgos indirectos al patrimonio: A pesar de evitar la zona monumental, siempre existe el riesgo de afectaciones indirectas como ruido, vibraciones o cambios visuales en áreas históricas, que deben vigilarse cuidadosamente.

Desde una perspectiva jurídica y ciudadana, este tipo de proyectos deben ejecutarse bajo principios claros: equidad en el acceso, sustentabilidad, respeto al patrimonio y uso racional de los recursos públicos. El Cablebús en Puebla puede representar una oportunidad real para mejorar la movilidad y la calidad de vida, pero solo si se hace con responsabilidad técnica, legal y social.

El reto no es únicamente construir un nuevo sistema de transporte, sino construir una ciudad más justa, eficiente y consciente de su historia y su futuro. La ciudadanía tiene el derecho —y la responsabilidad— de mantenerse informada, participar activamente y exigir procesos transparentes que beneficien al colectivo.

Porque más allá de mover personas, se trata de transformar el entorno urbano en uno más humano, accesible y digno para todas y todos.